Adelanto de elecciones en Reino Unido / Restricciones a turistas rusos / Condena a periodistas en Túnez

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🗞️ En la edición de hoy hablamos del adelanto de elecciones en Reino Unido por Rishi Sunak, la presión sobre Netanyahu tras la liberación de un video de soldados secuestrados, la amenaza de secesión en Bosnia-Herzegovina, las restricciones de entrada a turistas rusos en Noruega, las dificultades de deportación en Alemania y la condena a periodistas en Túnez.

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El Primer Ministro británico, Rishi Sunak, ha anunciado el adelanto de las elecciones generales en el Reino Unido para el 4 de julio, seis meses antes de la fecha prevista. La decisión se produce tras unos resultados desfavorables para los conservadores en las recientes elecciones locales. Sunak explicó que el país está en su momento más difícil desde la Segunda Guerra Mundial y destacó la recuperación económica, con una inflación en su nivel más bajo en casi tres años. En su primer acto de campaña, Sunak posicionó a los conservadores como la opción de estabilidad frente a los laboristas de Keir Starmer, a quienes acusó de poner en riesgo la economía. Las encuestas favorecen al Partido Laborista, lo que ha sorprendido a varios analistas.

Las familias de siete soldados israelíes capturadas por Hamas el 7 de octubre han publicado un video de su secuestro para presionar al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu a que asegure su liberación. El video muestra a las mujeres, todas del ejército israelí (IDF), alineadas contra una pared con las manos atadas y algunas con rostros heridos. Estas mujeres fueron secuestradas en una base militar cerca de la Franja de Gaza durante un ataque de Hamas que dejó alrededor de 1.200 muertos y más de 250 secuestrados. La publicación del video busca enfatizar la urgencia de su liberación, en medio de continuos fracasos en las negociaciones para un intercambio de rehenes por un cese al fuego. Netanyahu ha reafirmado su compromiso de traer a los rehenes de vuelta y luchar contra Hamas, mientras las familias y la opinión pública aumentan la presión sobre su gobierno.

Milorad Dodik, líder de la República Srpska de Bosnia-Herzegovina, ha reiterado su amenaza de secesión antes de una votación en la ONU sobre el establecimiento de una jornada anual para conmemorar el genocidio de 8.000 bosniacos por serbobosnios en 1995. La propuesta de resolución, impulsada por Alemania y Ruanda, ha sido objeto de críticas por Dodik y el presidente serbio Aleksandar Vucic, quienes temen que estigmatice a todos los serbios como genocidas. Dodik ha amenazado repetidamente con separar los territorios serbios de Bosnia para unirse a Serbia, lo que ha resultado en sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido. La secesión de la República Srpska podría debilitar al ya frágil gobierno de Bosnia y aumentar las tensiones étnicas, reviviendo temores de conflicto como el de los años 90, que causó la muerte de 100.000 personas.

Noruega ha decidido restringir aún más la entrada de turistas rusos debido a la guerra en Ucrania, bloqueando casi todas las entradas, según anunció el Ministerio de Justicia noruego. Esta medida se alinea con el apoyo de Noruega a sus aliados y socios en reacción a la guerra de agresión ilegal de Rusia contra Ucrania. Noruega, miembro de la OTAN que comparte una frontera ártica de casi 200 kilómetros con Rusia, ya había impuesto restricciones a las visas de turistas rusos en 2022. A partir del 29 de mayo, los ciudadanos rusos con fines turísticos y otros viajes no esenciales serán rechazados en la frontera, aunque se podrán otorgar excepciones para visitas a familiares cercanos residentes en Noruega. La ministra de Justicia, Emilie Enger Mehl, explicó que esta medida permite a la policía rechazar la entrada de ciudadanos rusos cubiertos por esta normativa.

El Tribunal Constitucional de Tailandia aceptó investigar al Primer Ministro Srettha Thavisin por la designación de Pichit Chuenban como Ministro de la Oficina del Primer Ministro, violando la Sección 160 de la constitución que exige integridad en los nombramientos. Pichit, condenado en 2008 por intento de soborno, renunció para proteger a Srettha. La petición de 40 senadores es el mayor desafío para el gobierno de Srettha desde su asunción. Aunque el Senado actual terminó su mandato, Srettha tiene 15 días para justificar la nominación ante la corte. El tribunal, conocido por favorecer al establishment conservador, podría suspender o destituir a Srettha, cuyo partido está vinculado al ex primer ministro Thaksin Shinawatra, derrocado en 2006.

Nuevas cifras de la Agencia Federal de Empleo de Alemania revelan que casi dos tercios de los beneficiarios de prestaciones por desempleo son migrantes, lo que ha generado un aumento del 122% en los costos para los contribuyentes desde 2010. En estados como Hesse, Baden-Württemberg y Hamburgo, alrededor del 75% de los beneficiarios son migrantes de primera o segunda generación. Este incremento se debe a la alta inmigración de trabajadores poco cualificados. En 2013, el 20% de la población tenía antecedentes migratorios, cifra que hoy es del 29%. En 2023, 2.48 millones de los 3.93 millones de beneficiarios tenían antecedentes migratorios. Siguiendo en Alemania y relacionado a esto, el estado alemán de Sajonia-Anhalt logró realizar menos de un tercio de las deportaciones planificadas de migrantes ilegales en 2023. De las 1,848 repatriaciones previstas, solo 535 se llevaron a cabo, según la ministra del Interior, Tamara Zieschang. Muchos migrantes evadieron la deportación o bloquearon los procedimientos legalmente. En 2023, las solicitudes de asilo aumentaron un 51.1% respecto al año anterior. El sistema de asilo alemán ha sido criticado por ser ineficaz y susceptible de abuso.

Un tribunal tunecino condenó a los periodistas Borhane Bsaïs y Mourad Zeghidi a un año de prisión por criticar al gobierno en sus programas y redes sociales. Recibieron seis meses por difundir "noticias falsas" y otros seis por "hacer declaraciones falsas con el objetivo de difamar", en referencia al presidente tunecino Kaïs Saied, según el portavoz del tribunal, Mohamed Zitouna. Estas sentencias, emitidas menos de dos semanas después de su arresto, forman parte de un grupo más amplio de periodistas, activistas y abogados acusados bajo el Decreto 54, que penaliza la difusión de "noticias falsas" que amenacen la seguridad pública o la defensa nacional. Este decreto ha sido criticado por defensores de derechos humanos que lo ven como una herramienta para reprimir a los críticos del presidente. Los periodistas, que negaron las acusaciones, destacaron las leyes que protegen la libertad de expresión en Túnez tras la revolución de 2011.

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